13 mayo, 2026Los ataques militares llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán, y el posterior cierre del estrecho de Ormuz, han disparado los precios de la energía y desencadenado escasez y racionamientos de combustible, así como presiones inflacionistas en toda la economía mundial. Los Gobiernos están tomando algunas de las decisiones energéticas más trascendentales de las últimas décadas, con rapidez y sin tener en cuenta a los trabajadores.
La Comisión Europea ya ha avanzado en su paquete de medidas AccelerateEU, con el que se adelantan los objetivos de electrificación y los planes de inversión en la red eléctrica. En toda Asia, los Estados se apresuran a ampliar la capacidad de energía solar, eólica y de almacenamiento en baterías. Estos no son planes de transición elaborados a través del diálogo social, sino respuestas de emergencia ante una crisis de suministro, y los trabajadores que construirán y operarán el nuevo sistema no están presentes en la mesa de negociaciones.
No es un problema nuevo. Es uno antiguo, pero que avanza más rápido.
El informe sobre el mercado petrolero de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), publicado en abril, pone de manifiesto la magnitud de lo que ya ha ocurrido. El suministro mundial de petróleo se redujo en 10,1 millones de barriles diarios en marzo, lo que supone la mayor disrupción en la historia del mercado petrolero mundial. Las plantas petroquímicas de toda Asia han recortado sus tasas de producción entre un 10 % y un 30 %, lo que pone en peligro las cadenas de suministro de los sectores manufacturero, textil, de la construcción y del embalaje. Gobiernos de cuatro continentes, desde Argentina hasta Etiopía, desde Pakistán hasta Filipinas, han introducido medidas de emergencia para reducir el consumo de combustible. La AIE es muy clara sobre lo que se requiere para la recuperación del sistema energético. En este informe, señala “la movilización de contratistas y mano de obra calificada” como una condición previa para la recuperación del suministro, junto con la estabilidad política y la reapertura del propio estrecho.
Los trabajadores ya sabían que el sistema energético era frágil. Sabían que la transición se acercaba y que se estaba haciendo muy poco para adecuarla a sus necesidades. Lo que ha cambiado con la crisis de Ormuz es la rapidez. Decisiones que se suponía que llevarían años se están tomando en cuestión de semanas.
Las palabras de la presidenta de IndustriALL y por qué son importantes ahora
En marzo, cuando la presidenta de IndustriALL, Christiane Benner, visitó la sede de IndustriALL en Ginebra, se expresó con claridad sobre lo que realmente exige una Transición Justa.
“Para encontrar un terreno común, nuestro sindicato necesita, por encima de todo, una cosa: claridad sobre lo que la descarbonización significa realmente para cada lugar de trabajo concreto. Esto implica analizar conjuntamente qué lugares se verán afectados de manera significativa, qué competencias se necesitarán y dónde están en riesgo los puestos de trabajo o dónde se crearán otros nuevos. Este marco común de datos sienta las bases para que los trabajadores no sientan que se les está pasando por encima”.
La crisis de Ormuz no ha cambiado ese argumento. Ha hecho que las consecuencias de ignorarlo sean visibles para todos. Los observadores del sector han advertido de que al mundo se le va a imponer la transición energética de una forma muy rápida y dolorosa. Eso es precisamente lo que IndustriALL y muchas otras federaciones sindicales internacionales llevan años intentando evitar.
La cuestión ya no es si la transición se producirá o no. Se trata de si los trabajadores ayudarán a dar forma a lo que sustituya al sistema que acaba de fracasar, o si esa decisión la tomarán por ellos los Gobiernos y los empleadores, que están respondiendo a una crisis sin un plan para la fuerza laboral.
La magnitud de la brecha de competencias
El informe World Energy Employment 2025de la AIE ha cuantificado lo que los propios trabajadores ya saben. El sector energético da empleo actualmente a 76 millones de personas en todo el mundo, lo que supone un aumento de más de 5 millones desde 2019, y ha representado el 2,4 % de todos los nuevos puestos de trabajo netos creados a nivel mundial en los últimos cinco años. El empleo en el sector energético creció un 2,2 % en 2024, casi el doble de la tasa del conjunto de la economía.
Pero tras esa historia de crecimiento se esconde una crisis en ciernes. De las 700 empresas relacionadas con la energía, sindicatos e instituciones de capacitación que participaron en la Encuesta sobre Empleo en el Sector Energético de la AIE, más de la mitad informó de graves cuellos de botella en la contratación que ya amenazan la ejecución de proyectos de infraestructura energética. Para evitar que esa brecha se amplíe aún más de aquí a 2030, sería necesario aumentar en un 40 % el número de nuevos trabajadores calificados que se incorporan al sector energético, lo que requeriría una inversión adicional de 2600 millones de dólares al año en capacitación a nivel mundial. Eso supone menos del 0,1 % del gasto mundial en educación.
La crisis de Ormuz no ha creado esa brecha, sino que la ha puesto de relieve. La reconstrucción de las cadenas de suministro energético, sea cual sea la dirección que elijan ahora los Gobiernos, requerirá trabajadores, competencias e instituciones de capacitación que apenas existen. Saber dónde están, y dónde no, es el punto de partida.
Por qué los sindicatos deben participar en la encuesta de la AIE
Eso es lo que hace que la Encuesta sobre Empleo y Competencias de la AIE, que finaliza el 15 de mayo, sea más urgente que nunca.
Diana Junquera Curiel, directora de Transición Justa y políticas industriales de IndustriALL, es muy clara sobre lo que está en juego:
“La crisis de Ormuz ha hecho en unas semanas lo que llevamos años defendiendo: ha hecho imposible ignorar la conexión entre la seguridad energética y los trabajadores. Los datos de esta encuesta nos permiten convertir ese momento en un punto de influencia en cada negociación, cada debate político y cada conversación con los Gobiernos y empleadores sobre lo que realmente se requiere para la reconstrucción. Sin la voz de los sindicatos, esos argumentos son más débiles. Es así de sencillo.
Christiane Benner ha dejado claro qué es lo que hace que una Transición Justa funcione en la práctica. No se trata de grandes compromisos políticos, sino de herramientas concretas: programas de capacitación negociados colectivamente, fondos de transformación que los trabajadores ayuden a diseñar y perspectivas de empleo con garantías vinculantes que den a las personas una razón para confiar en el proceso”.
Esas demandas solo tienen peso cuando están respaldadas por datos creíbles y reconocidos internacionalmente. La Encuesta sobre Empleo de la AIE, que recoge las respuestas de trabajadores y sus representantes de 65 países, preguntó qué es lo que hace que un trabajo sea decente. Las respuestas fueron inequívocas: una remuneración justa (90 %), seguridad en el empleo (73 %) y un entorno de trabajo seguro (71 %). Estos son aspectos fundamentales que se consiguen mediante la negociación colectiva. Sin embargo, la misma encuesta reveló que solo el 35 % de los trabajadores consideraba que los empleos en el sector de las energías limpias eran de calidad, con buenas condiciones y una remuneración adecuada. Esa brecha, entre lo que los trabajadores consideran que requiere un empleo digno y lo que ofrece actualmente la transición energética, es precisamente lo que los sindicatos deben cerrar. Dichas prioridades, recogidas en un informe consultado por Gobiernos y empleadores de todo el mundo, ponen las demandas de los trabajadores sobre la mesa en foros en los que los sindicatos no siempre están presentes.
La encuesta de 2026 puede hacer lo mismo. Pero solo si los afiliados participan.
Complete la encuesta antes del 15 de mayo
La Encuesta sobre Empleo y Competencias de la AIE 2026 finaliza el 15 de mayo de 2026. En ella se abordan las tendencias de empleo, las necesidades de competencias y la capacitación en todo el sector energético.
Cada respuesta de un sindicato, un representante de los trabajadores o una institución de capacitación hace que el informe final sea más difícil de ignorar y que la brecha de competencias sea más difícil de pasar por alto. Además, facilita la defensa de programas de capacitación negociados colectivamente.
La crisis energética ya está aquí. La pregunta ahora es si la experiencia de los trabajadores se tendrá en cuenta en lo que venga después, o si los Gobiernos y los empleadores, una vez más, reconstruirán el sistema sin ellos.
Encontrará el enlace a todas las encuestas aquí.