17 noviembre, 2022El final de la COP27 está programado para el viernes 18 de noviembre, pero la lentitud de los avances hace pensar que las negociaciones podrían continuar hasta el fin de semana. La delegación sindical se ha centrado en garantizar que se mantengan los compromisos en torno a una Transición Justa.
En el momento de redactar el presente informe, se había publicado la primera versión de las decisiones principales —el esquema general de una declaración política—, con muchos puntos aún pendientes indicados por la expresión “espacio a completar”.
La COP26, celebrada en Glasgow el año pasado, fue el escenario de una serie de anuncios de gran importancia: la Declaración sobre la Transición Justa, la primera Asociación para una Transición Energética Justa (JETP), y el Pacto Climático de Glasgow, que instaba a los países a presentar objetivos mejorados dentro de los siguientes doce meses.
Anunciada como la COP de la implementación, la COP27 ha generado menos anuncios impresionantes y se ha centrado en precisar los detalles de los compromisos anteriores. Los principales ámbitos de negociación han sido los siguientes:
- Mitigación: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento a 1,5 grados.
- Adaptación: adaptación al cambio climático, por ejemplo, mediante el financiamiento de la defensa contra inundaciones.
- Finanzas: financiación de la transición a cero emisiones netas.
- Pérdidas y daños: indemnizar a los países y comunidades por las pérdidas ocasionadas por eventos climáticos.
Para la mayoría de estas medidas se ha registrado un avance muy poco significativo. A nivel mundial, necesitamos reducir las emisiones en un 45 % para 2030. Actualmente, estamos en camino de aumentarlas en un 10 % y, en 2022, alcanzaron un récord absoluto. En cuanto a la financiación, los 100 mil millones de dólares anuales a los que se comprometieron los países desarrollados, insuficientes desde el primer momento, no se han brindado en su totalidad, y gran parte de la financiación disponible se ha otorgado en forma de préstamos.
Tampoco hay un acuerdo respecto a las pérdidas y daños, y el enviado especial presidencial para el Clima de Estados Unidos, John Kerry, anunció que el país —causante del 40 % de las emisiones— no aceptará responsabilidad alguna.
A diferencia de la COP26, que se caracterizó por una participación enérgica de la sociedad civil (que formó una COP alternativa fuera de la zona verde), la COP27 se ha desarrollado en un contexto de represión, con muchos activistas climáticos egipcios encarcelados y sin poder participar, y delegaciones espiadas por funcionarios de seguridad. Los sindicatos han tenido que velar por la seguridad de las reuniones.
Fuera de las sesiones plenarias donde se han llevado a cabo las negociaciones, los sindicatos se centraron en presionar a las delegaciones de sus respectivos países para que incluyeran términos a favor de los trabajadores en los textos, así como en garantizar su implementación práctica. Un hecho que suscita especial preocupación es que el término “Transición Justa” había sido utilizado por muchos actores, entre ellos empresas y países, para hacer referencia a una compensación que les correspondería recibir por la descarbonización.
Los activistas sindicales intervinieron en muchas sesiones para insistir en el empleo adecuado del término, según la definición correcta de la Transición Justa como una transición lograda a través del diálogo social con los sindicatos. La directora de IndustriALL Global Union para el sector de energía y Transición Justa, Diana Junquera Curiel, habló en una serie de paneles para reforzar este planteo.
En un panel con Revierwende y la confederación sindical alemana DGB, Junquera presentó la idea de acuerdos globales sobre Transición Justa con empresas, supervisados por la ONU. También habló en un panel con la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) acerca del potencial de crecimiento del empleo en las energías renovables.
Los sindicatos también siguieron de cerca los progresos de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP) sudafricana. La primera fase de este proyecto está en marcha e implica el cierre de la central eléctrica de Komati y su sustitución por energías renovables en el mismo lugar, sin pérdida de puestos de trabajo. El proyecto tiene como objetivo reducir significativamente las emisiones de Sudáfrica y financiar el cambio del carbón a las energías renovables. Existe un marco de Transición Justa e IndustriALL supervisará muy de cerca su implementación.
Esta semana, se firmó una JETP de USD 20 mil millones con Indonesia en la G20 que tuvo lugar en Bali.
Diana Junquera Curiel expresó:
“Vamos a estar observando muy de cerca la implementación de estas JETP, particularmente el primer ejemplo que está en marcha, en Komati en Sudáfrica. Si el proyecto tiene éxito y se logra una transición genuinamente justa para todos los trabajadores de la cadena de valor, este proporcionará un camino hacia la financiación climática que se emulará en todo el mundo. Si falla, se destrozará la confianza y estaremos más lejos que nunca de nuestros objetivos”.
Nuestro objetivo es reunir a nuestros afiliados indonesios y sudafricanos con el fin de compartir experiencias y estrategias para garantizar que los trabajadores no queden relegados”.