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El caso Fujitsu se decide a favor de los trabajadores

31 marzo, 2010El Tribunal Supremo de Finlandia falla que Fujitsu ha de pagar tres millones de euros a los trabajadores despedidos ilegalmente hace diez años.

FINLANDIA: En 2000, la compañía Fujitsu cerró su factoría en Espoo, cerca de Helsinki, que producía computadores personales. La decisión se tomó sin la consulta obligatoria previa de la empresa con los representantes de los trabajadores, por lo que violaba la legislación que regula las relaciones de trabajo. Diez años después de comenzar el proceso legal entre once sindicatos finlandeses, entre ellos los afiliados a la FITIM, Metallityöväen Liitto r.y. (Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Finlandia) y Toimihenkilöunioni - TU (Sindicato de Empleados Asalariados), que representan a 223 de los 450 trabajadores despedidos, y la compañía, el tribunal falló a favor de los trabajadores, que recibirán indemnización por su despido injusto.

El 8 de marzo de 2010, el Tribunal Supremo de Finlandia pronunció su veredicto, según el cual la compañía habrá de pagar seis meses de sueldo a los empleados despedidos. La indemnización total asciende a 2,45 millones de euros más los intereses desde mayo de 2001. Además, Fujitsu ha de pagar todos los costos del proceso legal.

La decisión se basa en la interpretación de la directiva sobre despidos en masa de la Corte Europea de Justicia (CEJ), recibida por el Tribunal supremo de Finlandia en septiembre de 2009. La CEJ declara que Fujitsu debía haber consultado a los representantes de los empleados de la factoría de Espoo antes de que la empresa tomara la decisión definitiva.

La mayoría de los trabajadores que recibirán indemnización son miembros del Metallityöväen Liitto r.y. Tienen derecho a 1,44 millones de euros. La segunda indemnización más importante corresponde a los miembros del Toimihenkilöunioni - TU. Se ha determinado que recibirán más de 0,49 millones de euros. Entre los 11 sindicatos hay miembros afiliados a las tres confederaciones sindicales finlandesas SAK, STTK y Akava.

Los sindicatos estiman que la decisión del Tribunal Supremo ha sentado un precedente. Por lo tanto, en el futuro esperan que los empleadores consideren minuciosamente el costo de ignorar la legislación sobre cooperación y consulta en las compañías.